Constituyente Madurada

La Asamblea Nacional Constituyente es una alternativa utilizada para la reconciliación de los pueblos y resolver conflictos parecidos al que confrontamos, debiendo por tanto realizarse con bases constituyentes democráticas y la rectoría de un árbitro electoral adhoc ante el desprestigio que afecta al actual. No puede ser comunal, ni comunera, por un lado, por no estar esa tipología prevista en el Texto Fundamental y del otro que alteraría más a los venezolanos al considerar la moción presidencial una burla.

La exigencia ha de ser, por tanto, de que la constituyente se realice conforme a las pautas constitucionales de los artículos 347 y 348 Constitucionales y a las únicas condicionantes de tales normas. No puede autoridad alguna, incluyendo al Presidente so pena de transgredir el Pacto Social, dejar de lado la soberanía popular, pues desconocería la esencia misma del Estado de Derecho.

El Presidente pareciera olvidar que una rebelión popular demanda una democracia que le fue arrebatada, rechazando una Constitución aplicada a través de interpretaciones interesadas que no encuentran asidero en los preceptos que la integran. Todo se ha alterado, por lo que el país enfurecido ha tomado la calle requiriendo que el gobierno, causante del desastre, acepte una consulta popular para que el pueblo lo ratifique o revoque. Con una brutal represión ha causado muerte de estudiantes que se les ha revuelto el alma ante el desconocimiento de la soberanía popular. La civilidad es una regla de la democracia, la cual supone que los ciudadanos se acuerden con respecto a reglas del comportamiento humano, en procura de paz, prosperidad y progreso y quedan escritas, en ejercicio de esa soberanía, en un Pacto Social. El pueblo se ha rebelado para que los gobernantes observen el Acuerdo Societario y permitan que a la Republica la conduzcan otros con más idoneidad. En una sana democracia, no para reprimirlo, más bien para ayudarlo.

El destino ha colocado al hombre de uniforme a repeler a aquellos que nos mandan pisoteando nuestros derechos. Es imperativo que veamos en ellos, como es lógico, un alito de esperanza en procura de alternativas, opciones o salidas. Es contrario a la Carta Magna que el Alto Mando se pliegue a la convocatoria presidencial. La Carta Magna le requiere más bien que exijan al gobierno la observancia y nunca la transgresión de la misma.

Ante el conflicto en las Fuerzas Armadas como en todos los ámbitos, hay inquietudes, pues es difícil no darse cuenta que además de la bestial represión, el gobierno, autoritario sin duda alguna, al limitar nuestra libertad, ha condenado a los venezolanos a estadios de pobreza. Los soldados saben que una hecatombe jamaquea al pueblo que los vio nacer, incluyéndolos, y a la esencia de la Academia donde fortalecieron el corazón para conducirse por los caminos acertados en aras de una República democrática.

Es de tener presente que el orden público, una bandera que en la cúpula castrense se ha esgrimido para la represión, para ser tal ha de sustentarse en la legalidad, ausente cuando la autoridad que lo exige viola los derechos ciudadanos, empobrece al pueblo, dilapida el tesoro público, se enriquece ilícitamente, criminaliza la disidencia, desconoce el debido proceso y al propio Estado de Derecho. Rodeado de estas circunstancias el régimen pasa a ser algo insostenible y las acciones militares, policiales y civiles represivas constituyen conductas delictuales sancionables. Y ello ante instancias nacionales e internacionales.

Las opciones a las que el pueblo aspira están escrituradas algunas de manera formal y otras por la vía de la interpretación, la lógica y el espíritu del Constituyente. Están encaminadas a que al país se le dirija por un gobierno distinto, pues el actual, además de incompetente, ha transgredido tanto la Carta Magna, que el mismo régimen ha pasado a ser inconstitucional y en todos sus términos. Pero, además que perdió la adhesión de un pueblo que no cesará de protestar, no obstante, el sufrimiento. Pero, además, la comunidad internacional califica al régimen de dictadura, por lo que ha de rehacerse el Pacto Social, cuya sumatoria de violaciones obliga a aceptar que es un panfleto que ha perdido vigencia. El gobierno irracionalmente cree que con la represión aquietará las voces de libertad de los venezolanos, cuando la realidad es que las protestas proseguirán. La disidencia entre pueblo y gobierno es tan profunda que ya el tinte del desprecio mutuo no puede ocultarse.

Es duro entender la ausencia de una actuación concurrente de soldados y civiles para el regreso a la institucionalidad y la democracia. Los primeros como los segundos legitimados para demandar la observancia de la Carta Magna. Por favor, salven a la Republica.

La moción constituyente de Maduro es contraria a la Constitución y la propia naturaleza de lo que es una constituyente.

Es a una constituyente madurada, que hemos de rechazar y con toda la fuerza de la actual Venezuela.

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