Democracia y Estado Contemporáneo

Título: Democracia y Estado Contemporáneo

Año: 1983

Editorial: Universidad Católica Andrés Bello/Estudios Jurídicos

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El tiempo ha pasado. Han transcurrido más de dos décadas de haberme correspondido en nuestra casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, la altísima responsabilidad de impartir conocimiento en la vieja y noble ciencia del Lacio, en ese momento, a mi extraordinario discípulo LUIS BELTRÁN GUERRA G., autor hoy de su nueva obra “Democracia y Estado Contemporáneo”, habiéndome concedido el honor de prologar. Hecho interesante desde luego de aquel encuentro, era la leal amistad que con todos mis discípulos se iniciaba y surgía día tras día del ejercicio libre y espontáneo de la cátedra. Hecho interesante también de aquel encuentro, eran las conversaciones recurrentes sostenidas con el autor en el área de la ciencia jurídica, por la formulación de sus planteamientos e interrogantes cuestionando el conformismo y la injusticia, cuestionando además cierta normativa jurídica cotentiva de huellas cansadas, en que solamente la simple reiteración en el devenir de la historia las había hecho solemnes. Pero su pedimento no era otro, que la exigencia de respuestas que le implicasen satisfacción profunda en su mundo interior, que le permitiese tranquilidad en su más recóndito interior.

El tiempo ha pasado. Pero, surge otro hecho interesante. El autor asume en nuestra casa de estudios la alta misión de impartir sus conocimientos educando en leyes en los sagrados recintos universitarios. Educación en leyes a la que se dedica a edad temprana al concluir sus estudios jurídicos, cuestión que visualizaba ya una de las vías que elegía y que perfilaría su constante quehacer, donde la dedicación al estudio y la verticalidad ética, han de constituir su estructura fundamental para laborar en la ciencia jurídica, observando los cambios sociales, que inciden en una concreta realidad, y que han hecho perder al derecho certeza y seguridad. El autor piensa como tantos otros, que el derecho desde luego, no es única-mente letra y códigos, sino vida, historia y sociedad, y todo conjugado determinan a cada instante el emplazamiento del derecho para que produzca respuestas globales y humanas que permitan la realización de su plena valoración —la justicia social—, como aspiración irreversible de nuestros pueblos, sostenida en un orden económico internacional más justo. El autor trasmite sus conocimientos recurriendo a las nuevas concepciones metodológicas, a través del método del caso, fijan-do el reciclaje prioritario en el alumno, logrando una enseñanza estructurada en su verdadero soporte: la humanización de la cátedra, convirtiéndola en una unidad investigativa, provocando el rompimiento de algunos modelos tradicionales, pero respetando lo que no fuese incompatible con las nuevas metodologías; logrando a su vez una búsqueda en la humanización del derecho, humanización que permitiera aprehender lo desconocido con sencillez y claridad diáfana, contribuyendo con su esfuerzo serio y sostenido al cambio en el pensamiento jurídico, como respuesta a los cambios bruscos que provocan transformaciones sociales.

El tiempo ha pasado. Ha transcurrido un largo período de intensa labor jurídica del autor representado en cursos de especialización que ha realizado en Europa y en los Estados Unidos y en diversas obras en su especialidad y las ha puesto en manos de los estudiosos de la ciencia jurídica, obras todas que corresponden al publicismo y que tocan la ciencia constitucional y la ciencia administrativa a las que ha dedicado todo su tiempo; obras todas que han tenido intensa repercusión social y han de ser consulta obligante para asumir criterios y postulaciones en las áreas jurídicas a las que el autor ha concedido tratamiento. Hecho interesante en sus obras claro está, radica en el constante recurrir al texto u ordenamiento constitucional el cual constituye parámetro indubitable, debido al enfoque dirigido a la búsqueda de un derecho que ha de estructurarse en el hombre y la dignidad humana; un derecho que incida a cada instante en el área de los derechos humanos y que conjuntamente con el derecho contencioso administrativo vinculado a aquel, constituyan las vertientes prioritarias de la ciencia jurídica actual, permitiendo la protección y defensa de los sagrados postulados constitucionales; un derecho que responda a una filosofía plural y que el único método obligado para interpretar sea cual sea el caso controvertido, ha de ser la equidad, descansando ésta en la lógica de la argumentación, para que pueda imponerse un estado social del derecho logrando su máxima realización, la justicia social.

En síntesis un derecho humanizado que provoque un rompimiento con los esquemas tradicionales de la exegesis, el normativismo puro y la justicia conmutativa, emprendiéndose nuevos caminos para que el derecho no sea un obstáculo al cambio social. De ahí que el autor sea considerado hoy como fino jurista y administrativista profundo, con la sencillez, humildad, carácter y seriedad propios del verdadero jurista. He asumido en esta ocasión la alta responsabilidad de prologar la nueva obra de LUIS BELTRÁN GUERRA G. “Democracia y Estado Contemporáneo” y a través de sus páginas nos invita a profunda reflexión. Por unirme al autor una vieja amistad y la misma pasión por el derecho, al haberme dispensado el honor de prologar su obra, le exprese las palabras del maestro RÓMULO GALLEGOS, —lo honores no se rechazan—, pero mi propio mundo interior me impuso la obligación de señalarme la imposibilidad de cumplir con la noble misión que me encomendara por la carencia de mis conocimientos en el área del derecho público, sin embargo asumí la responsabilidad y acepté prologar su obra y desde luego entendimos que obligatoriamente tendría que incursionar en nuestro texto constitucional, como sustentatario de todo nuestro ordenamiento jurídico, lo que resulta interesante. Nuestra Constitución en la actualidad, va más allá de ser únicamente la Carta Política fundamental: es en realidad un símbolo, la expresión simbólica de la erradicación de una década oprobiosa y de su sustitución por un sistema esencial-mente antagónico en el que el ciudadano viva y discurra en libertad. Ese acento es el que se evidencia en el enunciado de los derechos políticos y es el que aflora con cierta insistencia, como auténtico leit motiv, cuando el constituyente, ya en el Preámbulo, postula la sustentación de un orden democrático, al que define, si no con términos técnicamente precisos, sí con sentimiento de una idea primordial, intuitiva y viven-ciada en la aspiración; a saber, como el único orden en el que se pueden asegurar los derechos y la dignidad del hombre; orden que no es sólo único en su esencia, sino que también es irrenunciable, tanto por mandato constitucional como por mandato del sentimiento libre.

También se evidencia aquel insistir, cuando, en el artículo 250 de la propia Constitución, se ratifica la vigencia de ésta en contra de todo acto violento y cuando allí también se inviste a todo ciudadano con el carácter de salvaguardador a ultranza de la Constitución, que es como decir, del orden democrático y de todo cuanto él representa.

Invoco en estos momentos el pensamiento del fino jurista JOSÉ GUILLERMO ANDUEZA cuando nuestro texto constitucional tenía una década de vigencia, y en la celebración de ese aniversario de interesante vida constitucional expresa: que se ha puesto de “manifiesto la necesidad de hallar un modelo político que combine las exigencias de la democracia política con las demandas de la democracia económica . . .” y en esa ocasión explica el hecho de si “la democracia política es in-compatible con la democracia económica o si la democracia económica es incompatible con la democracia política. La democracia política surge con la economía liberal, pero no es cierto que la democracia política sea capaz de realizar la democracia económica. . . —es igualmente incierto que esta repudie la democracia política . . . No están extraviados los que sostienen que el mundo marcha hacia una gran síntesis política, económica y social. La síntesis de la democracia política y de la democracia económica. . .”. El maestro RAFAEL CALDERA, cuando nuestro ordenamiento constitucional cumplía más de tres lustros de interesante vida constitucional expresaba un extraordinario pensamiento sobre nuestra Carta Fundamental: “la Constitución de 1961 de cuya vigencia se están cumpliendo 17 años, es un documento de una inmensa riqueza de contenido, de una vasta posibilidad de proyecciones, de una significativa formulación de los aspectos más importantes de la historia venezolana, caracterizada por una lucha sin descanso, aunque a veces sorda y casi muda en la profundidad de las tinieblas entre el espíritu de libertad, que la crueldad dura y fría no pudo jamás extirpar, y los recursos del gobierno impuesto por la fuerza y sostenidos por el despotismo sin fronteras alimentado por una insaciable ambición de poder y de las concupiscencias que al poder acompañan . . . pero todavía no ha surgido la caudalosa elaboración doctrinaria que reclama la Constitución, como verdadero punto de partida de un nuevo derecho público venezolano . . . no está suficientemente divulgado, en la mente de cada uno de los venezolanos, el contenido de la Constitución, que debe convertirse en elemento indispensable en la existencia de cada habitante del país y en auxiliar inseparable para la defensa de sus legítimos derechos . . .”. Entendemos también a través de esos pensamientos, la semántica discusión que ha impedido incluso la aplicabilidad de normativas constitucionales, por no existir leyes complementarias, lo que impone una seria rectificación en el camino ante nuestra reiterada equivocación, pues la semántica discusión tiene respuesta seria en la doctrina jurídica, la que se precisa al leer las páginas de la interesante obra: “Política y Justicia en el Estado Capitalista”, donde Feraioli, Senese y otros, en relación a la programatividad u operatividad inmediata de las normativas constitucionales advierten: “el instrumento técnico (sería mejor decir el artificio) mediante el que se ha llegado a la inaplicación de las normas de la Constitución ha sido la distinción entre preceptos constitucionales programáticos y preceptivos, la afirmación de solo la contravención a los segundos y no la de los primeros determinaría la ilegitimidad de una norma ordinaria, la relegación en fin, de los más importantes preceptos constitucionales en materia de libertad entre las normas programáticas. Cuando la formulación del texto constitucional se presentaba tan perentorio como para hacer difícil la calificación de la norma programática, entonces se recurrió a una ulterior distinción, subdividiendo las preceptivas en normas de aplicación inmediata y de aplicación diferida (entendiendo por tales aquellas en las que se reserva el legislador la facultad de una intervención especificadora) y afirmando que éstas últimas no podían derogar las leyes vigentes”.

La respuesta in-dudablemente es nítida. Nos impone urgente corrección para la aplicación inmediata de los dispositivos del texto constitucional, pues no ha de proseguir un artificio incomprensible que real-mente limita el desarrollo de nuestro derecho público —impidiendo la sagrada defensa de la dignidad humana, ya que a través de abstractas interpretaciones se logra la improcedencia del recurso de amparo. Indudablemente que nuestra Constitución, surgió como un desafío hace veinte años, y veinte años después nos emplaza con el carácter de un testimonio que debemos reconocer, si no queremos engañarnos a nosotros mismos, y lo que es más grave, engañar a nuestros hijos. En aquella fecha memorable, se puso en nuestras manos un valioso instrumento, dotado de múltiples posibilidades, destinado al afloramiento de un des-arrollo individual y social auténticamente histórico, lo que demuestra que en una sociedad no basta por sí el derecho, si carece de sustentación moral: sustentación moral que nos impone el extraordinario ordenamiento, así como ha de entenderse de que se ponía a nuestra disposición todo un mar de derechos que no supimos aprovechar en un largo devenir, por habernos deslumbrado creyendo que basta la enunciación teórica de los mismos, para que se cristalicen en obras tangibles.

E incurrimos en el grave error por lo doblemente impropio; el de atribuir a los derechos esencia y propiedades mágicas que no demandaban de nosotros ningún esfuerzo consciente y cotidiano, creyendo que a las virtudes mágicas quizás, conjugaba la democracia caracteres divinos que no exigiesen de nosotros un esfuerzo creador para andar el camino hacia su perfectibilidad. En ese orden de ideas creemos que nos han faltado conciencia para emprender, voluntad para sustentar y coraje para enrumbar. Pensamos que situaciones varias no se han podido emprender lo que ha permitido su cuestiona-miento en el sentido de que al ejercicio del poder y por eso mismo a la potencialidad constitucional podrían unir el poder político; poder político claro está no para fines de prepotencia, individual y partidista, sino poder político para influenciar en beneficio del mayor número posible de los integrantes de nuestra sociedad, procurando la realización de los derechos individuales y económicos, pero sobre todo los derechos socia-les a cuya esencia deben supeditarse los demás derechos. Creemos que ha llegado la hora dificultosa pero queda aún, pensamos, nueva oportunidad para el rescate de nuestra con-ciencia moral; más aún: en época crítica evidenciada hoy más que nunca en el campo económico nos corresponde realizar un esfuerzo serio resguardando para siempre el área de nuestro sistema político. Es éste, sustancialmente, el llamado que nos hace el fino jurista, a través de su nueva obra “DEMOCRACIA Y ESTADO CONTEMPORANEO”, obra que si bien se inicia con conceptos básicos y generales referidos a las modalidades de la democracia y al régimen constitucional de la democracia, pronto se aboca a nuestra problemática respecto a la cual, bajo el subtítulo “EL AFIANZAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA”, incide sobre diferentes postulaciones políticas concretas que van desde el año 1939 hasta el año 1964 y que desembocan en una conclusión evidenciada: la crisis de la democracia, como la que nosotros, a título personal y en forma más intuitiva que técnica, hemos formulado con anterioridad; crisis que, para el autor, tiene dos vertientes causales:

La distorsión y la mediatización de la democracia por parte de las banderías políticas y la conducta de las oligarquías partidistas.

Estamos seguros de que esta obra llenará una de sus aspiraciones primordiales: tocar la médula misma del problema crítico, expresamente enfocado hacia la pregunta de hasta qué punto el sistema democrático nuestro ha logrado sus objetivos; también lo estamos, de que tendrá gran resonancia no sólo en los estudiosos y teóricos del constitucionalismo, sino también entre aquellos que diariamente se abocan a las lides políticas concretas, único nivel en el que aún es posible salvar la democracia nuestra que es como salvar los fines esenciales de nuestra Constitución, llevándolos, a un plano de realización concreta, para bien de todos. Ello lo logra el autor en sus páginas profundizando cada vez más el pensamiento al considerar como eficaz el punto de partida de la obra al referir la democracia clásica para concluir con la democracia social, en el sentido de que el Estado democrático está llamado a cumplir su función como Estado social de Derecho, pues de lo contrario “la democracia como sistema político desaparecería, lo que ha llevado a la ciencia política, a utilizar la expresión de democracia social para remarcar y puntualizar la impostergable obligación del sistema democrático de materializar la justicia social que ella misma postula.

. . el Estado de Derecho significó la traducción jurídica de la democracia liberal . . . en nuestro tiempo podemos afirmar que es el trasunto de la democracia social . . . No podemos ver en mi sentir un Estado de Derecho, sino en aquellas colectividades jurídicamente organizadas sobre las bases de la preservación de la dignidad del hombre y el desarrollo de la justicia social . . .”. No es posible finalizar sin las palabras de nuestro fino y culto hombre de leyes AMBROSIO OROPEZA, al tratar con su agradable prosa en su obra: “La nueva Constitución Venezolana —1961—” obra que obliga por su densidad cuando al referirse a su Preámbulo dice: que no es la parte “órganica” ni “dogmática”, que recoge fines y valores y el espíritu predominante de las instituciones inspirado a su vez en la sociedad que rige . . . ordena amparar la dignidad humana . . . y consagra el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos . . . nos está imponiendo a todos su preservación irreversible con libertad y justicia. Indudablemente que el autor de la obra que prólogo preconiza el cambio de la filosofía formal y del normativismo puro, que nos rige desde hace más de un siglo, exponente de una justicia y legalismo abstracto propia de la filosofía liberal; por una filosofía social sostenida en el pluralismo que permita una democracia social y la imposición de un estado social del derecho que lo conduzca hacia su alta valoración: la justicia social interna e internacional cuyo fundamento y objeto sea el bien común universal, única vía de producir práctica social pues de proseguir con la insistencia e incongruencia de que la teoría formal ha de producir práctica social, el resultado emergente de esa incongruencia será el que día tras día palpamos el de una mediatización cada vez más profunda, y el tiempo se vengará de lo que hacemos sin su colaboración.

De ahí que el autor expresa en su obra, en el sentido de que la “importancia de los partidos políticos en el sistema democrático obliga. . . a que definan claramente la función que deben desempeñar dentro de la democracia, la cual, de alterarse en sus cometidos lleva a que las referidas asociaciones es conviertan en un obstáculo para la plena consolidación del referido régimen político, produciendo la distorsión y mediatización de la democracia”. La obra que hoy prologo es de obligante lectura y contribuye al enriquecimiento bibliográfico nuestro, lo que sería su máxima recompensa.

DR. CHIBLY ABOUHAMAD HOBAICA Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.

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