Igualdad o desigualdad.

La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia No. 808 del 5 de septiembre de 2016, dejó expresado “…Mientras la AN se mantenga en rebeldía, todas las leyes y actos parlamentarios resultarán inconstitucionales y, por ende, nulos…”.

Alude la Sala al desacato a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, en el caso de los Diputados del estado Amazonas.

En otras palabras, el TSJ, con la anotada decisión -No. 808 de 5 de septiembre de 2016-, mantiene el jaque a la AN; tanto que, los miembros del partido de gobierno y el mismo Presidente de la República, han sostenido que no enviarán a la AN, para su aprobación,  la Ley del Presupuesto Nacional para el año 2017.

Así las cosas, parece que a la AN, es decir, al soberano, puesto que ella está integrada por diputados electos popularmente, le quedan tres alternativas.

(i) Continúa en su legítimo accionar, convencida que está legalmente legitimada para ello, pero con las consecuencias ocurridas hasta ahora.

(ii) Desincorpora a los diputados del estado Amazonas

(iii) Logra que los mismos diputados y sus suplentes renuncien al ejercicio de la diputación.

Sin entrar a considerar los argumentos expuestos en defensa de la legal incorporación de los referidos Diputados, toda vez que cualquier intento por hacerlos valer, se encontraría con la Sala Constitucional del TSJ, resulta incomprensible, por decir lo mínimo, que a unos señores, no solo electos popularmente, sino proclamados como Diputados por el Órgano competente, se le prohíba incorporarse a sus funciones o se les desincorpore de las mismas o renuncien a la diputación.

Fijémonos.

Desde la incorporación a la AN de los Diputados del estado Amazonas, la AN fue declarada, por la Sala Constitucional del TSJ, en desacato a la sentencia No. 260 de la Sala Electoral del TSJ del 30 de diciembre de 2015.

Sin mayores precisiones es fácil asegurar que la Sala Electoral del TSJ, viene conociendo el asunto relacionado con las elecciones parlamentarias celebradas el 06 de diciembre de 2015, por lo que respecta al estado Amazonas y a la elección de sus Diputados, desde el mes de diciembre de 2015. Más fácil resulta precisar que, desde entonces a esta fecha -07-10-16, han transcurridos, más de nueve (9) meses.

Ello resalta que un asunto sumamente delicado, como es la puesta en dudas del resultado de las indicadas elecciones parlamentarias en el estado Amazonas y la proclamación de los Diputados electos, tiene tramitándose ante la Sala Electoral del TSJ, por lo menos, el tiempo anteriormente señalado, a pesar de que el procedimiento contencioso electoral, artículos 179 y siguientes de la Ley Orgánica del TSJ,   no precisa de ese tiempo.

Parece así, pues contando rápida y sin mayores precisiones, para ese procedimiento, legalmente se necesitan:

(i) 3 días hábiles para recibir los antecedentes administrativos.

(ii) 7 días de despacho para consignar cartel de notificación.

(iii) 5 días de despacho para promover pruebas.

(iv) 2 días de despacho para oponerse a la pruebas.

(v) 3 días de despacho para admitir las pruebas.

(vi) 10 días de despacho para evacuar las pruebas. Luego, vencido el periodo probatorio, se designa al ponente y se fija oportunidad para oír los informes respectivos; lapso esté que fija la Sala y finalmente, rendidos los informes, hay 15 días de despacho para dictar la sentencia.

En total y suponiendo que la Sala fije, para los informes, un lapso igual al concedido para sentenciar, es decir 15 día hábiles, son 60 días hábiles y, aún, sabiendo que la Sala sólo despacha tres días a la semana parece retardada la decisión respectiva.

Siendo así las cosas no deja de  estar justificado  pensar que el proceder de la Sala Electoral del TSJ, además de ser velatorio del procedimiento respectivo,  ha devenido en un factor que perturba el desarrollo del Poder Público, habida consideración de que, por el calificado desacato a la medida cautelar dictada por la Sala en ese proceso, la Sala Constitucional del TSJ, tiene  en jaque a la  AN; tanto que, ha indicado que cualquier providencia que emane de ella mientras existe ese desacato es inconstitucional y nula.

Entonces, existe desigualdad, máxime si observamos la eficacia y rapidez que imprime la Sala Constitucional del TSJ para resolver cualquier solicitud que le formule el gobierno y, en especial el Presidente de la República.

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