Nicolás, el Emergente

LUIS BELTRÁN GUERRA G. |  EL UNIVERSAL
viernes 22 de enero de 2016  12:00 AM
Maduro ha sido emergente más de una vez; cuando Hugo Chávez lo escogiera para sustituirlo y el 14.1.16 con el Decreto de Emergencia Económica.

En él se escribe de todo y para todo, pero al tratar de comprendérsele el 1ro. se convierte en nada y  lo 2do. en ninguno, evidencia de un gobierno que metió al país en un enredo y al Presidente en uno peor. Resultado de un denominado Socialismo del Siglo XXI de creación criolla sustentado en $1 billón 500 mil millones, sustancialmente despilfarrados. Y ante la caída de los precios del petróleo, fuente de (70 %) los ingresos.

La providencia presidencial viene plena de confusión: 1. Suprema garantía de los derechos humanos en el ideario del libertador; 2. Definición del bienestar del pueblo; 3. Eficaz desarrollo social; 4. Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; 5. Desestabilización económica y ruptura del hilo constitucional; 6. Ausencia de bienes por guerra económica; 7. Actuaciones de la burguesía para evitar la voluntad popular. Adiciona, además, que beneficiará al pueblo mediante el Plan de la Patria. Palabras  que no hilvanan y que se han repetido durante 17 años de destrucción económica, de crisis política y de problemática social.

Está afectada, por tanto, de galimatías y éstas suelen castigarse por los profesores con un regaño y por los jueces con la nulidad por inconstitucionalidad. Pues configuran hipótesis de exceso o desviación de poder fundadas en el falso supuesto de presuntas causas extrañas, cuando son en la responsabilidad única y exclusiva de aquel que dicta la providencia. La tergiversación de los hechos correspondientes a una Administración Pública antes presidida por Chávez y desde hace 3 años menos 4 meses por Maduro, está presente en la integralidad del texto en cuestión. Adolece, por consiguiente, de los vicios de inconstitucionalidad a que se hace referencia.

La tergiversación de los hechos del Decreto consiste en dar una interpretación intencionalmente trastocada y hasta trabucada y, por ende, inexacta a las oraciones y hechos en los cuales se fundamenta. Pero, además, lo cual es grave, en ampararse en la presunta necesidad de medidas económicas excepcionales para dificultades no sobrevenidas, sino causadas por el propio gobierno y que pueden atenderse con las atribuciones ordinarias que el ordenamiento jurídico otorga al Presidente. Lo cual significa que la providencia incurre también en la inconstitucionalidad calificada como extralimitación de funciones.

Los preceptos de la excepcionalidad  han de ser interpretados de manera juiciosa, estricta y rigurosa, ya que la autoridad se desprovee del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario vigente conforme al cual ha de desempeñar las atribuciones que le son propias. En efecto, el artículo 337 constitucional condiciona el Estado de Excepción a que las facultades de las cuales dispone el gobierno sean insuficientes para hacer frente a los hechos que lo fundamentan. Y basta examinar las medidas en ciernes para concluir que han de ser atendidas sin excepcionalidad alguna, entre ellas,  la normalidad cambiaria, el control de precios, abatir la inflación, la escasez y desabastecimiento, revisar el precio de la gasolina,  crear confianza, reducir el déficit fiscal, sortear el desequilibrio de la balanza de pagos, obtener divisas a través de financiamiento externo y reprogramar la deuda pública (C. Canache, Un Nuevo País, enero 19). Se trata, sin dudas, de previsiones inherentes al manejo de la hacienda pública para lo cual el gobierno está autorizado por el régimen jurídico ordinario. No tiene, pues, necesidad de una excepción, por lo que de acordársele se contravendría el Texto Fundamental. El Decreto se inscribe, por tanto, en la vieja usanza de América Latina de desnaturalizar el estado de excepción no empleándose para la defensa de la colectividad, sino para proteger los intereses de los gobernantes y los sectores por ella representados (D. Zovatto, Los Estados de Excepción, Caracas/San Jose, 1990).

La providencia presidencial se aparta, asimismo, de las reglas atinentes a la vigencia temporal de las leyes, pues el Presidente pretendió promulgarla en la AN  (Memoria y Cuenta), publicándosele en la Gaceta Oficial. Serían írritas las decisiones dictadas hasta tanto el Legislativo no apruebe la excepción. En efecto, el artículo 339 constitucional somete el Decreto a la aprobación parlamentaria, a cuyo efecto ha de someterse a la Cámara Legislativa dentro de los 8 días. Puede sostenerse, por tanto, a la luz de la referida disposición de la Carta Magna que ha sido solamente dictado, mas no ha entrado en vigencia, por lo que de ejecutarse invalidaría los actos aprobados bajo el amparo del mismo.

Maduro pretende ser, por tanto, emergente por una 3ra. vez, pero con mayoría opositora en la AN. “Las cosas cambiaron y la Asamblea va a legislar y a controlar”, suele decir Henry Ramos, reclamando respeto al principio de la separación de poderes.

@LuisBGuerra

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